El pasado 4 de julio se cumplieron 30 años de la promulgación de nuestra Constitución Política. A pesar de las reformas de ocasión, que nunca han faltado en ningún gobierno, permanece vigente su promesa de un país democrático e incluyente. Sin embargo, no han faltado las voces que argumentan lo pertinente de una nueva Asamblea constituyente, como la propia de 1991 o la que ahora tiene Chile, ambas producto de una movilización ciudadana. Parece una idea sugerente al ver el desbarajuste institucional, pero el efectismo no podría ser mayor teniendo en cuenta nuestro propio contexto.
Recuerdo la primera vez que supe sobre el proceso constituyente del 91. Fue en los primeros años del siglo XX y en la clase de sociales un libro de texto decía que era un espacio donde participaban todos los actores de la sociedad. En esos tiempos de desencuentro con el proceso de paz —lo que entendía a esa corta edad era que el Caguán se había acabado y lo que había era guerra total— me llamó demasiado la atención leer que a ese proceso constituyente acudían hasta los guerrilleros. No comprendía que ahí se referían al desarmado M-19 ni que las FARC no habían acudido por el otro abortado proceso de Casa Verde.
El cambio del 91 frente a la 86 del siglo XIX fue importante a pesar de tener algunas reformas esa vetusta Constitución, porque las concepciones básicas cambiaron y, lo más importante, porque no era una ‘Carta de batalla’, como la típica constitución que se imponía por parte del bando vencedor al terminar alguna contienda intestina (de tantas). Ha sido el pacto social más amplio por quienes acudieron, pero también por el consenso alcanzado en el momento. La Constitución del 91 fijaba un interés más allá del simple orden e imperio de la ley, dando al mismo un carácter social; además interpelaba a la Colombia afro, indígena y campesina. Quiero decir, lo hace.
Ya hubo el momento de apertura política sistémica. De allí ha derivado también una desarrollada doctrina constitucional con prolífica jurisprudencia de una corte creada por la misma Constitución. Hoy el problema no está en la arquitectura constitucional, que ofrece las suficientes vías en la mayoría de los casos para las diversas expresiones democráticas y formas de participación institucional.
Ahora, si uno se pone a revisar diversas materias bien consideradas en el texto constitucional, se da cuenta que muchos elementos orgánicos prefigurados allí tardaron décadas en sancionarse por el ente encargado, el legislativo, así ocurrió, por poner un par de ejemplos, con el ordenamiento territorial y su Ley Orgánica o con el Estatuto de la Oposición. Volver a barajar el ordenamiento constitucional implica un nuevo trabajo de ingente filigrana legislativa sobre temas básicos para que sean concordantes (educación, salud, etc…) y de nuevos temas incorporados.
Además, aunque es un cliché decir que el problema de la Constitución es que no se aplica, no deja de ser cierto. Piénsese que se considera a un mecanismo de control político consagrado constitucionalmente, la moción de censura, como un atentado a la institucionalidad. Así de pobre es la apropiación del pacto social actual, como para pensar en uno nuevo lleno de incertidumbre, donde no hay una garantía ni expectativa fundada de obtener algo mejor, siendo muy realistas.
Estamos en un gobierno que se ha atravesado rabiosamente a un modesto proceso de paz que, pese a situarse o colgar de la propia Constitución, no propone un cambio de modelo de país ni económico; no cuestiona el centralismo generalizado ni la concentración de la propiedad, como tampoco los vicios de la clase política, mismos que ya tuvieron su legítima denuncia en la Consulta Anticorrupción (hoy olvidada). De este tipo de gobierno que frena el desarrollo del país democrático e incluyente no se puede esperar el acompañamiento a un progreso institucional, todo lo contrario ha demostrado. Hay que, mejor, abogar por un impulso recalcitrante en los preceptos constitucionales.
Ahora, asuntos puntuales sí pueden ser necesarios para considerar añadirse a nuestra carta magna pensando en la coyuntura actual. Hace falta en particular una reforma constitucional que establezca un mecanismo para la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales. La Constitución parece diseñada para que un gobierno nacional tenga siempre cauce libre a pesar de presentar una franca inviabilidad ética y política, como ocurre actualmente.
Así, parte de la ruta, para darle a esos preceptos constitucionales vigencia, recorre los caminos electores con la movilización y constitución de nuevos sujetos políticos colectivos, y tendencias como el abandono del abstencionismo crónico. Al final del día, si un proyecto político alternativo llega al poder realmente el nudo del asunto sería la conformación de mayorías legislativas, antes que un desgastante proceso de convocatoria a una Asamblea Constituyente donde se ponga en riesgo todo lo avanzado del país.
Coletilla:
Yo soy un cientista que entiende al País-Tú eres marxista, fuera de aquí.
