Ya saben, soy de Medellín. Por eso he escuchado testimonios directos de personas de diferentes edades sobre la guerra del Cartel de Medellín. Una vez en el colegio le escuché decir a un compañero que “en mi barrio no podían entrar los policías porque los fusilaban por las recompensas, todo el mundo salía a matarlos” como si me estuviera hablando de la película de Premier Caracol y yo procesé todo eso de la manera más superficial posible, apenas ahora recuerdo eso y lo dimensiono. Es que estaba pensando en todos esos testimonios y en una amiga de la infancia cuyo padre policía llegó a buen retiro, pero que pudo terminar siendo uno más de los sicariados, si no es porque su comando le envió un fuerte operativo para sacarlo apresuradamente a él y a toda la familia de mi amiga de su casa en un barrio popular. Son historias que te ponen a pensar sobre los límites reales y discursivos de un conflicto, aunque por momentos es innegable el punto: cuando veo Violeta Yepes y su madre Katerine Garcés enterrar a Sergio Yepes es un ser querido, un padre que antes que uniformado es padre.
Todo ello es muy similar, porque tanto Pablo Escobar en los años noventa como el Clan del Golfo hoy usan el asesinato para mediar. Fríamente es una guerra imposible de ganar por parte de ellos, como enfrentamiento que alcance a someter son su poder armado al enemigo en tanto bando opuesto, es decir, no se trata tanto de destruir al Estado sino de construir un escenario y un ambiente aterrorizador. El narco aquel lo logró en algunos momentos y tuvo resultados de sometimiento del Estado, por ejemplo, construir su propia cárcel y hacerla centro de operaciones para sus delitos (La Catedral). La diferencia es que ya tuvimos esa experiencia como sociedad, la tolerancia frente a ese tipo de arreglos se endurece; las impunidades de diferentes procesos de negociación también son cada vez más cuestionadas y hacen cuestionable cualquiera otra futura.
Esto enrarece el ambiente de una transición de gobierno de uno eminentemente guerrerista a otro que propone una pacificación concertada del país, porque digan lo que digan cualquier proceso hasta de sometimiento es un proceso de negociación —dentro de la ley hay negociables o que lo diga Enrique Vives—. Se volvió una guerra de partidos y lo entiendo; es muy difícil que no sea así. El asunto de cualquier tratamiento de la violencia organizada es que tiene a la vez un componente ideológico y pragmático, en tanto, por un lado, (1) hay una visión que se sostiene más o menos independiente de un análisis técnico y, por el otro lado, (2) un análisis situado y de lo viable, que puede tener respaldado o no por la voluntad de complacer o afectar el deseo (1); palabras más, palabras menos: tú ideología te puede llevar a querer dar bala a todo el mundo pero eso no ocurrirá (matar hasta el último bandido[ versión del uribismo]), o a pretender desmovilizar a todo armado tampoco ocurrirá (paz total como ideal). Por eso digo ‘tratamiento’, no solución.
Al tenerse esos dos componentes el tratamiento de la conflictividad armada, los hechos están abiertos a una manipulación por la interpretación de las matrices ideológicas. Aquí es donde llegamos al punto del plan pistola a la paz total propuesta por Petro, donde claramente quiero situarme y situarnos del lado del cambio histórico, para qué disimulo. La manipulación más ampliamente difundida de parte de la oposición al nuevo gobierno es que lo que pasa es culpa del enunciado de la paz total. Así lo ven muchos opinadores ajenos al Pacto Histórico, como este editorial de El Colombiano:
Pero en este momento urge también una reflexión sobre la promesa de diálogo y de “paz total” que ha lanzado el presidente electo Gustavo Petro. Esa promesa tan generosa e incondicional ha sido un estímulo central para estas acciones, y es muy probable que haya motivado en buena parte la ejecución de este “plan pistola”. ¿Por qué? Por una lógica muy simple: si el gobierno entrante anuncia públicamente que está dispuesto a ser generoso con las organizaciones terroristas más grandes y peligrosas, el mensaje para esos grupos es que en la medida en que su amenaza sea mayor, y su capacidad criminal sea más grande, mayor será la generosidad del gobierno y la disposición a dialogar con ellos. Mientras más grande y más peligroso, mejor. Además, voceros de esta “paz total” han cometido el nefasto error de decir, públicamente, que el Estado ha sido incapaz de someter esos grupos (subrayado añadido)
27 de julio de 2022
¿Y la mentira en que el Estado no ha sido capaz de someter a esos grupos? Es que ahí están y han estado en este gobierno y, como se admite en la cita, la estrategia empleada a fondo de los objetivos de ‘alto valor’ ha fracaso en los términos de mejorar la situación de seguridad del país. Duque pasó citando en su gobierno a una cantidad de alias abatidos y lo hace hasta ahora, pero cerca el final de su periodo tuvo el paro armado más contundente en décadas. Ni las guerrillas con algún cariz ideológico se pueden destruir en un contexto de narcofinanciación, para aterrizar la cosa, ahora menos grupos cuya principal actividad es esa y no distraen el negocio con las pendejadas de la toma del poder. Lo que sí me parece falaz y así han apuntado muchos es que Petro abrirá sus brazos en gran un apapacho nacional a los actores armados y mientras recibiría cachetadas y puñaladas en forma de policías asesinados selectivamente, cazados como trofeos. Y no son únicamente personas derechosas la que piensan así en el sentido de propuesta de paz total = plan pistola.
Por más voluntad que tenga Petro de pacificar al país y enfrentar dificultades y opositores parecidos a los que tuvo Santos en el proceso de paz con las FARC, no aguanta tanto chantaje emocional o costo político una vez posesionado por negociar con las bandas criminales en particular. El plan pistola puede ser contraproducente con la política de paz y los actores directamente involucrados. La ventaja es que no son el único grupo, aunque sí uno muy importante como se demostró en el paro armado, hecho que ya demostraba de sobra su poder (no lo necesitaban demostrarlo ahora). Ahí, como han sugerido algunos, le toca a Petro poner una línea roja y decir: así no hay interlocución posible. El problema con cualquier línea roja es que la otra parte también puedo imponer la suya; se rechaza y se acabó. También que, si pones una línea roja y la dejas cruzar sin consecuencias o la consecuencia advertida, pierdes credibilidad como contraparte y la pierde el proceso ante los espectadores.
Finalmente, la polarización también puede venir del propio fenómeno emergente que es el rechazo social y asimilar la tragedia humana de los policías asesinados como una causa de movilización social. Algunos expertos incluso lo recomiendan, pero con la politización partidista que puede tomar esto puede ser un gesto instrumentalizado por algunos sectores; ‘buenos’ que defienden policías y ‘malos’ que no les importan sus vidas (hasta cómplices). Puede ser como en esa mítica marcha contra las FARC el 4 febrero de 2008: rechazar a la FARC era una necesidad histórica, pero junto al resto de actores del conflicto no invisibilizando a las víctimas del paramilitarismo y del Estado (respaldador junto a los medios de comunicación de la movilización). Si la vaina se estira mucho hasta puede darse una de esas raras mutaciones colombianas y pasar de ser una marcha provida de policías a una antipetrista —pienso en como cartillas ‘homosexualizadoras’ motivaron el voto por el NO al plebiscito de la paz en 2016—. Pero el petrismo igual debe tener acción para que eso no ocurra, esperemos, y no para quedar bien, sino porque tal escenario de polarización en ese sentido no construye nada ni aporta al país. Tampoco olvidar esto:
