De las políticas de paz en este siglo la más ambiciosa es la de Petro, nada raro en él. Creo que esta política será el verdadero chicharrón de este gobierno. Uno ve una extraña devoción a las EPS y un estado de alerta máxima en sectores como el de los fondos de pensiones e industria energética, pero nada con más potencial movilizador independiente (‘bodeguismo’ gratuito) que la discusión sobre los límites y las posibilidades de negociaciones con los distintos tipos de grupos. Ya vimos cómo se activaron en 2016.
Es que el tema sirve para toca fibras elementales del sentido de justicia de las personas. La justicia tributaria es un concepto abstracto y complicadísimo de analizar, como todo lo que tenga que ver con distribución de ingresos cruzada con subsidios y exenciones en temas el precio de los combustibles, la energía o las pensiones. No hablemos de temas la meritocracia o el logro personal. Por otra parte, al saber que una persona o grupo es criminal sí es muy claro para que la opinión tome una postura definida y firme. No o sí, pero la postura no es tibia ni borrosa.
Para contar una anécdota al respecto, cuando citaban a mi mamá por alguna fechoría estudiantil mía digna de una sanción importante, dentro de su retórica incluía el recurso argumentativo comparativo “mi hijo merece una oportunidad, ¿cómo hay oportunidades para esa gente que ha masacrado?”. Se refería al paramilitarismo en su negociación con el gobierno Uribe. Es ese mismo sentido de justicia y proporcionalidad, alimentado además por tergiversaciones y falsedades, es el que se activó en el proceso de negociación con las FARC que terminó en el acuerdo del Teatro Colón.
Corriendo la línea ética
¿Quién no ha escuchado decir que “los guerrilleros antes tenían ideales”? Ese imaginario de buen guerrillero no corresponde con lo que el sentido común decía en el pasado. Los guerrilleros al empezar eran bandidos para el grueso de sus contemporáneos. Punto. Ese pasado inventando invalida una existencia contemporánea. No, con esos criminales no hay que negociar porque perdieron el rumbo —¿cuál rumbo?, no importa—, decían y dicen con cada negociación con grupos claramente identificados con una ideología, también paramilitares (“ellos comenzaron defendiendo a la gente”, dice otra voz fabricante del pretérito).
Ahora no, que hubo unos que nunca estuvieron en las negociaciones y otros que las traicionaron, entonces no, ya tuvieron su tan mentada segunda oportunidad sobre la tierra —ya le tengo fastidio a esa expresión por gastada. Ah, bueno, suerte en la confrontación militar contra organizaciones que han crecido su influencia y alcance territorial en los últimos años a pesar de supuestamente toda la disposición de confrontarlas. No hay un solo laboratorio de pacificación violenta para mostrar del pasado gobierno una imposición del monopolio estatal de la fuerza en cualquier zona roja, no lo hay.
Entonces, siempre puede haber una excusa para no negociar. Ahora es el bendito ‘estatus político’, un concepto totalmente endeble, casi tanto como el de ‘estatus de beligerancia’ de Uribe. El carácter político de una organización ilegal únicamente determina sus metas y el contenido de una negociación, si no queremos caer en la discusión de los delitos políticos o ‘crímenes altruistas’ donde ahí se corre siempre la línea ética por fuerza hasta de solo negociar. Las antiguas FARC cometieron evidentes crímenes de guerra y lesa humanidad, pero con ellas hubo negociación con contenido político porque ese era su interés.
Método Halpert-Schrutte de negociación
En esa medida, como he insistido en trinos, toda interlocución ya es una negociación, empezando por el reconocimiento de la interlocución, sea el nombre que le pongan, sometimiento o acogimiento. La diferencia fundamental la podemos encontrar en la política de desmovilización de Uribe, que era un contrato de adhesión: hay tales condiciones y beneficios, aceptas o no. Es el contraste con toda negociación de un grupo, hay representantes y hasta el más mínimo detalle de protocolo se discute para desde las formas dar fondo al contenido —por ejemplo, entregar armas a representantes del Estado es un gesto de vencimiento o rendición, para algunos—.
Imponer una exigencia de contenido político es hasta innecesario para el fin de la negociación, que pretenden desencadenar en una pacificación concertada mediante el desarme de grupos, juzgamiento, verdad y reparación parciales, y las condiciones del posacuerdo para asegurar la permanencia de esa pacificación. Aquella exigencia únicamente hace que los narcos y bandas criminales tengan que graduar a ideólogos de afán, sacando comunicados rebuscados. No sé, molestando, puede que hasta saquen grupos armados ‘basados en evidencia’.
¿Vamos a negociar con narcos como sociedad? Seguramente, pero es que no ganamos paz y territorios para la democracia y el Estado social de derecho desde nuestros pedestales jurídico-morales rechazando la realidad del control territorial de esos grupos. No olvidemos el paro armado de este año y el colapso o la evidencia de la inoperancia estatal. Se negocia, entonces, por intereses y eso creo que lo puede estar logrando el gobierno porque lo ha entendido en sus proyectos de ley. Decir que pueden conservar un porcentaje de X fortuna mal habida es un gran estímulo para declararla y limpiarla. Por ese lado es que están los intereses criminales, sobrevivencia en las mejores condiciones posibles con paso a la regularización.
Paz total
Esta política hay que apoyarla en la medida que permita un reemplazo de la oferta de instituciones y regulaciones criminales, en sus territorios dominados o en disputa, por una oferta de estatalidad y construcción de lo público desde lógicas diferentes a la confrontación armada y con garantías de derechos. El problema no debe ser tanto qué hacemos con unos bandidos, sino con tanta población privada del goce efectivo de la ciudadanía por las armas en una democracia y dentro de un Estado social y ecológico de derecho.
¿Tenemos que hacer concesiones porque no podemos controlar plenamente el territorio para imponer el cumplimiento de la ley? Y para ello ¿no son suficientes los más de medio millón de integrantes de la Fuerza Pública, ni el aparato judicial integrado por magistrados, jueces, fiscales, investigadores, policía judicial, procuradores y defensores?
Alfonso Gómez Méndez
En efecto. Por eso es por lo que hay que negociar, ese es el por qué. El para qué también lo dije ya. Falta el cómo.
