Los derechos de las mujeres, disidencias sexuales y de género se mantienen en un constante avance y reversa según los gobiernos de turno. Lo vemos en Estados Unidos con los efectos del paso de Trump con el brutal retroceso en derechos sexuales y reproductivos que ha llevado a prohibir que se hable de menstruación y por supuesto, la prohibición total del aborto (incluso involuntarios) en algunos estados.
En Colombia, a pesar de tener el primer gobierno de izquierda, que llegó al poder respaldado por organizaciones de mujeres, feministas y LGBTIQ+ y del que se esperaba mayores garantías en la protección a los derechos, nos han tenido distraídos con las discusiones de las reformas – que son importantes, pero todo lo demás también – y mientras tanto, en el Congreso avanzan las agendas antiderechos basados en prejuicios, información falsa y la estigmatización de las mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar y por supuesto, de la sexualidad. Por ejemplo, en el debate por el Plan Nacional de Desarrollo el 18 de abril, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso eliminaron los derechos reproductivos de la Política de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto fue cuando vimos a la congresista Karina Espinosa repartiendo fetos de plástico y transmitiendo vídeos desinformados y estigmatizantes sobre el aborto. Si bien esto no significa que se eliminan los derechos reproductivos, si implica que se pueden quedar sin presupuesto.
Cuando se habla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, se hace referencia a dos dimensiones autónomas de la sexualidad humana que, a su vez, son reconocidos como garantías para los derechos a la salud, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Que se traten de forma separada en el papel y en la práctica es fundamental para que se entienda que el proyecto de la vida de las mujeres no depende ni es condicionado a la capacidad de gestar y que, además, todo lo que tiene que ver con la reproducción requiere atención especializada y diferenciada de la salud sexual que tiene que ver con la vivencia de la sexualidad.
Esto significa que, al no querer darle presupuesto a los derechos reproductivos, no solo se establece una barrera más al derecho al aborto que es lo que quieren hacer pensar, sino que se impacta todo lo que tiene que ver con servicios para la educación reproductiva que incluye la planificación familiar y la prevención del embarazo adolescente, la promoción de la salud materno-fetal y la prevención de la mortalidad materna y las violencias basadas en género, por ejemplo, respecto a la violencia sexual. Ahí está lo grave del asunto, no solo promueven maternidades forzadas, sino que ponen barreras para la atención y cuidado de mujeres, hombres trans y personas no binarias en procesos de embarazo, parto y posparto.
Al mismo tiempo, se discuten dos proyectos de ley sobre educación sexual y reproductiva. Uno que busca actualizar la concepción de la educación sexual, para ampliar la definición de sexualidad más allá de la genitalidad e incluir las orientaciones sexuales e identidades de género diversas – que así no les guste, existen – y asuntos como el placer y el erotismo que hacen parte de lo humano, y otro proyecto que pretende darle todo el poder a los “padres de familia” para decidir por el tipo de educación sexual que reciben las niñas, niños y adolescentes en las escuelas. El primero surge en la iniciativa de “Los jóvenes tienen la palabra” en el 2021 en el marco del Estallido Social, como parte de los compromisos realizados a promover una educación sexual integral, con fundamentación científica y no moral-religiosa. El segundo, es una respuesta al anterior y anula los derechos de las personas en edad infanto-juvenil. Éste último es el que, en medio de lo absurdo, va avanzando en el Congreso.
La educación sexual integral se fundamenta en los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Demanda no solo el involucramiento de madres, padres y cuidadores en el proceso educativo, incluso educándose en sexualidad (cómo lo hace el primer proyecto mencionado), porque no es un secreto que ni nuestras madres, padres ni nosotres, recibimos educación sexual adecuada, todo siempre ha sido basado en la moral religiosa y los mitos a través de la pornografía, por lo que dejar todo esto en mano de los padres ya se ha demostrado que no sirve para nada. Además, exige la adaptación de la información a las necesidades y el lenguaje correspondiente a cada etapa del ciclo de vida. Es falso que incita a iniciar la vida sexual más temprano (que ya está ocurriendo), no va a poner a los niños a masturbarse en clase (idea muy extraña por cierto) y no va a promover el aborto, al contrario, va a informar sobre derechos reproductivos, que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo, pero además la planificación familiar, el proyecto de vida más allá de la maternidad, la posibilidad de decidir si se quiere o no tener hijes, cuántos se quieren tener y en qué periodo de tiempo, etc.
La información y el conocimiento es poder. Por eso, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo en ellos la educación en sexualidad de manera integral y con enfoque de derechos humanos, es una de las herramientas más poderosas para avanzar en la búsqueda de la igualdad y eliminar las dinámicas de discriminación, de forma que es fundamental para la erradicación de la violencia basada en género, de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de las personas.
Que en el Congreso se esté permitiendo la exclusión de los derechos reproductivos del Plan Nacional de Desarrollo y el avance de proyectos como el de “Los Padres Eligen” es vergonzoso, pues desconoce la normatividad vigente en el país e implica un retroceso en derechos, lo que es inadmisible. Pero que, además, desde el gobierno no se diga una palabra al respecto y se permita que esto pase por debajo de la mesa, es aún más vergonzoso. No habrá cambio posible sin garantía de derechos.
Y de los proyectos sobre “maternidad subrogada” y adopción desde el vientre materno hablamos después, que son otro atentado a la autonomía de las mujeres.